Estamos ante la realidad de un país en destrucción.
Los racionamientos de servicios públicos esenciales y el deterioro del servicio de telecomunicaciones son síntomas de su decadencia bajo la égida del Estado-Gobierno liderado por el Presidente, plagados por la desinversión, el robo y la falta de mantenimiento, que ocurren sustancialmente porque falta una política coherente de inversión en estos sectores, incluyéndose en este renglón la asignación de recursos presupuestarios apropiados a las dimensiones y complejidades de las redes hídricas, eléctricas y de telecomunicaciones en Venezuela; por descuido de las instalaciones, falta de vigilancia, o rapacidad de los funcionarios mismos; y porque, como siempre ha sucedido en los servicios estatizados, los recursos destinados a mantenimiento de equipo son sistemáticamente desviados hacia otros destinos o hacia otras áreas del Estado-Gobierno, como por ejemplo las campañas propagandísticas, puesto que según la “filosofía” presupuestaria actualmente en vigor, todos los organismos y entes del Estado funcionan como caja chica del partido de Gobierno y le dan liquidez operativa a una organización que debería alimentarse de fondos única y exclusivamente provenientes de las cuotas pagadas por sus militantes. Sucede sin embargo que el utilizar a los órganos e instituciones del Estado como caja chica del partido de Gobierno es el aspecto más preponderante de aquel sistema Estado-Gobierno de economía central planificada que estuvo muy en vigor en la Unión soviética desde su establecimiento definitivo con Stalin durante las décadas de los '30 y los '40, y en los Países satélites soviéticos del Este europeo durante las décadas de los años '60 y '70 del pasado siglo. Pero me estoy desviando del tema que quiero tratar, que es el siguiente: ¿Qué debemos hacer, como sociedad civil, para detener la destrucción del País, y cómo debemos enfrentar los procesos de reconciliación y reconstrucción nacional en la eventual era de un post-régimen?
En primer lugar, es necesario comprender que el papel de la sociedad civil, en un post-régimen en el cual probablemente existirán miedos de persecución por parte de quienes hasta ese entonces han seguido al partido de Gobierno, debe ser estrictamente civil, es decir, completamente desmarcado de la vida política, la cual obedece a normas y sistemas de valor en constante cambio y no identificables con paralelos claros en los valores civiles. Es por ello que, al contrario de lo que suceda políticamente, debe privar en los integrantes de la sociedad civil el conseguir el bien común y la unidad nacional, metas que se pueden conseguir abandonando las banderas políticas en pro de la unidad nacional, la reconciliación y la reconstrucción.
En segundo lugar, se impone revisar todos los mecanismos legales implantados por el régimen durante su existencia, partiendo desde el documento constitucional, el cual en su actual encarnación establece un Estado totalmente ingobernable, dependiente del poder de una sola persona y con instituciones no independientes de la voluntad del caudillo de turno. Corregir este estado de las cosas implica restablecer la supremacía e independencia de la Ley, con provisiones fuertes y referencias constantes en el documento constitucional a la Ley, y evitar sobre todo la introducción de legislación en el texto constitucional: Es opinión de quien escribe, en efecto, que un texto constitucional debe ser una declaración de reglas básicas de gobierno a las cuales todos deben atenerse: la Estructura y las Responsabilidades del Estado y los Derechos y Deberes Ciudadanos deben ser los únicos temas tratados en el texto constitucional, pues esas son las fundaciones del Estado, y las Leyes son la estructura que hace que esas fundaciones toquen a todos los ciudadanos por igual.
En tercer lugar, el régimen le ha dado visibilidad y relevancia a las clases menos favorecidas de la sociedad(1), y debe ser tarea de la sociedad civil no solamente proteger y asistir a los menos favorecidos sino también contribuir activamente y decididamente a que esos sectores menos favorecidos mejoren su calidad de vida y salgan de la condición de miseria endémica y permanente en la cual se encuentran y de la cual nunca han salido por la interesada inacción de todos los exponentes políticos actuales y anteriores. En vista de ese fracaso nacional que constituye la permanencia de un importante segmento de la población nacional en condiciones de vida desesperadas e infrahumanas, y en consideración de la responsabilidad que tenemos todos por haber permitido que esto se perpetuara, es deber de la sociedad civil, representada por un Estado responsable por sus ciudadanos, de contribuir activamente a educar a los más desfavorecidos hacia el abandono de la miseria como modo de vida, y establecer políticas que tiendan a mejorar en una manera sustentable en el tiempo la condición de todos. Para ello es necesario fortalecer sustancialmente los sistemas públicos de educación y sanidad, garantizándoles recursos, insumos e infraestructuras para que la red educativa estatal y la red sanitaria pública sean capilares y de calidad. Esto se aúna a programas de capacitación y formación de maestros, profesores y médicos sostenidos y financiados en el tiempo por los Ministerios responsables de esas áreas.
Un País no progresa sin una infraestructura: las actuales crisis estructurales en la telefonía fija, acceso a Internet, electricidad y red hidráulica, sin mencionar el estado de la red vial nacional, son el producto de inversiones espasmódicas, aunadas a falta de mantenimiento de esos sistemas y a la falta de seguimiento de la demanda de una población en crecimiento constante. Estos sectores son de tal importancia para el desarrollo de un País que son considerados estratégicos, y con buena razón. Es en estos sectores estratégicos que se debe concentrar la atención del nuevo Estado civil: Específicamente, debe mantener una cierta forma de control sobre los mismos, para garantizar acceso universal y constante a los mismos, pero a la vez hay que tomar finalmente consciencia de que el Estado no es un administrador de empresas eficiente y que por ende nunca jamás podrá tener en sus manos la administración comercial de ninguna clase de empresas: esto implica que, por ejemplo, la red eléctrica puede ser de propiedad estatal, y por ende queda en manos del Estado garantizar la continuidad del servicio eléctrico, pero que la administración comercial del servicio eléctrico puede estar en manos privadas, siempre que el Estado participe en dichas empresas. Se aplicaría el mismo discurso en la red hidráulica y en la red de telecomunicaciones, mientras que en la red vial se pudiera regresar al esquema de concesiones, revisado de modo tal que las empresas concesionarias cumplan con sus responsabilidades en mantener en óptimas condiciones el tramo vial que les ha sido otorgado, mientras que las carreteras nacionales deberán ser mantenidas por el Ministerio competente en el asunto.
Punto álgido de estas consideraciones es la administración del recurso petrolero, específicamente del ingreso de renta petrolera. Es mi opinión que mientras el ingreso petrolero le entre al Estado directamente siempre va a haber la tentación de utilizarlo en proyectos que nada tienen que ver con el desarrollo nacional, promoviendo la corrupción de todo tipo, el despilfarro y la ilusión que este País es “rico” cuando la realidad no es así. Un país es “rico” o “pobre” en la medida en que su gente es productiva o menos, no en la medida en que una renta petrolera es mayor o menor. Y como la medida de la riqueza de un país está dada por la productividad de su gente, hay que comenzar a pensar en el momento en el que la renta petrolera se agote y comenzar a transicionar el modelo de economía nacional de uno basado en el capitalismo de estado rentista a uno basado en el capitalismo mixto productivo. Esto comienza por desnacionalizar aquellas empresas nacionalizadas, tomadas, expropiadas o de cualquier otra manera pasadas bajo control del Estado, revirtiendo su propiedad al capital privado. En segundo lugar, la administración de la renta petrolera debe ser repensada en términos de acumulación y conservación de ese patrimonio en entrada, estableciendo un fondo soberano, administrado por el Ministerio competente, hacia el cual fluirá todo en ingreso petrolero, y que sólo podrá ser utilizado para financiar las áreas de educación, sanidad e infraestructura hasta por el 70% de sus respectivos presupuestos ordinarios. La petrolera nacional dejará de tener mano libre sobre los ingresos petroleros, y pasará a administrar las operaciones de extracción, refinación y comercialización del petróleo extraído, pudiendo ceder en concesión las operaciones de bloques en modalidad de empresas mixtas por los cuales podrá percibir regalías, y pasando a cumplir con todas las obligaciones fiscales de cualquier empresa nacional. El Estado promoverá además políticas que desarrollen la inversión foránea directa, la creación de empresas, incluyendo aquellas de pequeñas y medianas dimensiones, la capacitación de personal técnico calificado y el establecimiento de normas que conduzcan a un medio laboral productivo y diversificado.
La sociedad civil, tal y como está definida aquí, tiene un trabajo cuyo fin no se encuentra de aquí a un año, o cinco, o diez: es un trabajo sostenido en el tiempo que no comenzará a dar frutos sino de aquí a treinta, cincuenta, o cien años, especialmente en lo que concierne los aspectos educativos de la reconstrucción nacional; sin embargo sería irresponsable por parte de la sociedad civil pensar que otros deban hacer este trabajo: hay que comenzar ahora si no queremos que nuestro país se convierta en otro de los abundantes ejemplos de Estados fallidos que hay en el mundo.
Caracas, 23-03-2010
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(1) Es discutible el motivo por el cual se le dio visibilidad y relevancia a las clases menos favorecidas: Hay quienes dicen que era necesario atender a este importante segmento de la sociedad nacional, y hay quienes dicen que este verdadero proletariado de masa, o “lumpen-proletariado,” en breve lumpen, ha sido atendido únicamente en pro de lograr los objetivos políticos del régimen, en clásico estilo leninista.
